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Boletín de noticias 30 de abril de 2012
EL TIEMPO
INFORME SEÑALA QUE 'SISTEMA PENAL ACUSATORIO ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR'
CEJ asegura que falta de preparación de jueces permite estrategias para dilatar procesos.
Corporación Excelencia en la Justicia alerta sobre congestión y graves fallas.
Un millón y medio de casos represados en la Fiscalía, siete reformas legales encima y la falta de preparación de jueces y fiscales tienen haciendo agua a uno de los más ambiciosos cambios de la justicia: el sistema penal oral acusatorio.
La voz de alerta la da la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que, después de un seguimiento de ocho años al modelo, señala que la congestión lo tiene "casi al borde del colapso".
Asegura que el Estado fracasó en la implementación del sistema, y pidió a las autoridades judiciales y al Gobierno que "se sinceren con el país y expresen con claridad si su voluntad es llegar al desmonte definitivo del sistema".
Consultado por EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reconoció que si bien hay crisis, se está lejos del fracaso o colapso del modelo. Descartó dar marcha atrás en la aplicación del sistema.
Cifras citadas en el diagnóstico de la CEJ muestran que al 2010 la Fiscalía tenía represadas 1'489.798 denuncias o reportes de delitos. La cuarta parte de ese total eran casos de hurto, seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico de estupefacientes.
Los casos del último delito han aumentado: representan el 8 por ciento del total de las noticias criminales. En su mayoría, dice el informe, son personas detenidas por llevar cantidades de droga que superan levemente la dosis mínima, y aunque se sospecha que hacen parte de bandas dedicadas al microtráfico, no hay investigaciones que lleven al desmantelamiento de estas.
Indica que casi la mitad de las 963.769 denuncias que fueron tramitadas por la Fiscalía en el 2010 terminaran archivadas y el 15 por ciento acabó por extinción de la acción penal. Finalmente, solo en 57.378 se consiguió condena.
En casos de criminalidad a gran escala o de delincuencia organizada, las cifras son más preocupantes. En homicidios solo se emitieron 4.312 condenas cuando en Colombia ocurrieron en el 2010 15.000 asesinatos, según cifras de la Policía, o 35.000, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía.
En delitos sexuales, las absoluciones se constituyeron en el 19 por ciento del total de sentencias, 22 por ciento registraron las mismas decisiones en procesos por corrupción como el peculado, y 20 por ciento en el secuestro. Esto puede explicarse, afirma el informe, "por la complejidad de las investigaciones, la inadecuada formación de los fiscales y miembros de la policía judicial y la falta de medios para ejercer sus funciones".
Advierte que en la mayoría de las veces (en un 51 por ciento de los casos) la Fiscalía archiva procesos porque no ha podido identificar a los autores del delito. Ese porcentaje, señala, podría aumentar en los próximos años, especialmente en Putumayo, Valle, Cauca, Meta y Antioquia.
A esto se une el efecto que han causado normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, que creó 18 nuevos delitos y redujo los beneficios por reconocer cargos, lo que redujo la terminación anticipada de los procesos.
Esto hace evidente la congestión en las audiencias. Según Medicina Legal, de las 11.735 diligencias a las que fueron citados sus peritos, el 63 por ciento fueron canceladas o suspendidas. La causa más frecuente, según el informe, fue la falta de herramientas para establecer la disponibilidad de las partes.
La CEJ también indica que la escasa capacitación de jueces hace que permitan a los abogados prácticas dilatorias.
Estas fallas han hecho prender las alarmas en otros regímenes, como el penitenciario. El aumento del 29 al 38 por ciento de las medidas de aseguramiento es una de las causas del hacinamiento en las cárceles.
Gobierno dice que estudiará las fallas del modelo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reconoció las fallas expuestas en el estudio de la CEJ y la necesidad de buscar resolverlas de manera urgente. Pero indicó que esto no "puede conducir al país a pensar que el sistema es un fracaso y que se debe abandonar para volver al antiguo sistema penal". Señaló que hoy una comisión de expertos, conformada por petición del Ministerio, debe entregar un diagnóstico de la política criminal, que incluye un balance del sistema penal oral. Esguerra indicó que es importante que tanto las autoridades judiciales, abogados y la ciudadanía avance en el cambio cultural que implica el sistema. Así como más preparación a jueces y fiscales.
'Colombia no se sabe preparar para las grandes reformas'
La directora de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, advierte que el riesgo de "colapso" del sistema penal acusatorio se podría repetir, por ejemplo, en el nuevo Código Contencioso Administrativo, que arranca el 12 de junio próximo.
¿Qué pasa con el sistema penal acusatorio?
El Estado fracasó en la implementación del sistema penal, muestra índices de congestión al borde del colapso y es el momento en que no se sabe cuáles son sus reales necesidades y cómo impulsarlo. La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura titubean cada vez que se les pregunta.
¿Cuál es la magnitud de la congestión?
Hoy hay represados en la Fiscalía casi un millón y medio de procesos. Incluso ya se han presentado casos que han prescrito y ese atraso pasó a los jueces. Eso se ve en el incremento de aplazamientos injustificados en las audiencias.
¿Por qué se ha llegado a este punto?
El sistema arrancó hace 10 años con problemas en su implementación y los elementos buenos que tenía han tenido retrocesos por reformas legales. Los bandazos del Congreso van de ser o muy laxos o muy ojo por ojo, diente por diente. El principio de oportunidad no se está aplicando, hay un estancamiento en el cambio de mentalidad de los jueces. Además, falta una política criminal que dé lineamientos. Esto está en la ley y no se ha cumplido.
¿Qué consecuencias genera esta crisis?
Si el país no fue capaz de sostener el modelo penal acusatorio, sería conveniente aplazar la puesta en marcha de los nuevos cambios en la justicia. Por ejemplo, el contencioso administrativo, que arranca en junio y no nos hemos preparado a pesar de que el legislador dio año y medio para su implementación.
¿Fue un error cambiar el modelo penal?
No. El sistema que nos rige, más que haber estado mal concebido, se ha visto afectado por el fracaso del Estado en su implementación. Aquí lo que vemos es que Colombia no se sabe preparar para las grandes reformas, no aprendemos de lecciones recibidas y todo lo dejamos a mitad de camino. A trancazos cumplimos las normas, y como no funcionan las volveremos a modificar.
ALCALDES DEL PAÍS DICEN QUE ACCESO A REGALÍAS ES TODO UN LABERINTO
El esquema propuesto por el Gobierno no es otra cosa que tramitomanía, consideran los municipios.
Definir la idea de un megaproyecto, pasar la prueba de la prefactibilidad, esperar la decisión para que entre al banco de proyectos, realizar el estudio de factibilidad, someterse a una nueva decisión de las instancias establecidas para ello y, ahí sí, arrancar con los diseños finales y la estructuración financiera son los primeros peldaños que debe subir una región para acceder a los recursos de las regalías. De ahí en adelante, el camino por recorrer es largo. La gerencia de megaproyectos debe estar lista para tener bajo control si se requiere abrir licitación para la contratación. Luego habrá que adjudicar el contrato, estar pendiente del licenciamiento, hacer el cierre financiero y los diseños finales, para empezar la obra..
Paralelamente a ello, se requiere tener claridad sobre la financiación del proyecto, sin contar con que ya se han debido obtener todos los vistos buenos de las distintas instancias que hacen parte de la estructura que rige las regalías. a las regalías, si se acepta la propuesta del Ministerio de Hacienda, para crear los complementos institucionales que requiere el nuevo Sistema General de Regalías, con el que se transformó en el país la forma de distribuir y manejar estos recursos. Para los alcaldes, la idea es solo un monumento a la tramitomanía, pues hasta el 2011 apenas si había que acercarse al Fondo Nacional de Regalías, que era el encargado de hacerles los giros directos a departamentos y municipios, solo con un consejo asesor por encima y un sistema de auditorías visibles para hacer control y seguimiento.
El esquema que plantea el Ministerio, basado en las peticiones del acto legislativo de reforma de las regalías, incluye un consejo regulador, después del cual hay una coordinación general con una secretaría técnica. Luego viene el triángulo de decisiones, en el que tienen asiento funcionarios del orden nacional, gobernadores y alcaldes.
Los megaproyectos se manejan a través de estructuradores gerentes, y hay también cuatro comités temáticos para conducir las inversiones. El control lo hace una unidad especial, encargada de monitoreo, seguimiento y evaluación, y la sociedad civil también tendrá su rol en controlar que las regalías se gasten en lo que se tienen que gastar.
La Federación de Municipios solicitó claridad sobre peticiones realizadas por los alcaldes al Gobierno Nacional, para que, entre otras, el trámite de presentación, aprobación y priorización de proyectos tenga un numero máximo de cinco pasos cada uno.
Para el director de Planeación Nacional, Mauricio Santa María, no hay que olvidar que "bastantes recursos de regalías se utilizaron mal. Cuando se les ponen los controles para que se utilicen bien, no podemos salir a decir que es que hay mucho trámite".
A la espera de la conciliación
Senado y Cámara deben tomar una decisión pronto
La demora en la conciliación entre Senado y Cámara del proyecto de reglamentación de regalías provocó un rifirrafe entre el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria. El primero culpa al Congreso de la tardanza, por la no aprobación de la conciliación, y el segundo aduce que la ponencia fue radicada tarde, por lo que llamó al Ministro a "ser más eficiente".
JUSTICIA DESPRESTIGIADA
Por: Luis Carlos Zamora
La pérdida de credibilidad tiene consecuencias para la pacífica vida en comunidad.
La tan comentada encuesta de Ipsos-Napoleón Franco de abril del 2012 ha sido muy comentada, excepto en un punto especialmente sensible para una democracia: la credibilidad de la justicia.
Según la encuesta, la mayoría de los ciudadanos no cree en la justicia, lo que percibe es que es muy corrupta y que intereses políticos influyen sobre las decisiones de los jueces.
Este grave desprestigio tiene consecuencias para la pacífica vida en comunidad. Si para la gente el aparato de justicia no es legítimo, necesariamente hay un aumento de la violencia cotidiana, porque se va creando la convicción de que cada quien se debe defender como bien pueda.
A esta mala reputación ha contribuido la conducta reprochable de algunos jueces, y también ha contribuido, en mi opinión, el poder sin control que tienen los jueces a partir de la Constitución de 1991.
El conocido como "nuevo derecho", por el cual un juez puede separarse de lo establecido en una norma jurídica con el pretexto de defender un derecho fundamental, ha creado un caos interpretativo por el que, en varios procesos en que el problema jurídico que se pretende resolver es similar, se puede interpretar la norma de manera diferente, en contra de un principio fundamental, que es el de la igualdad que incluye el derecho de quienes acuden a la justicia de que sus pretensiones se resuelvan de manera semejante en casos semejantes.
A lo anterior hay que agregarle que la tutela abre la posibilidad de revocar sentencias en firme según el criterio del fallador, basado en una amplia gama de posibilidades de interpretación. Esto ha llevado a que aumente la corrupción en la Rama Judicial, como se ve todos los días con el inacabable tema de las pensiones.
Adicionalmente, la Corte Constitucional, en casos de demandas de inconstitucionalidad, ha sido excesivamente garantista con los derechos individuales, así estos entren en conflicto con los derechos de los demás o con el interés general.
Pongo como ejemplo el tema de la prostitución, ahora tan de moda. En Colombia se protegió el derecho de las prostitutas como "trabajadoras sexuales" y se amparó su derecho al trabajo. En otros países, como en Suecia, el más progresista del mundo, se expidieron leyes respaldadas por los jueces constitucionales, que castigan a los clientes de la prostitución con base en que la actividad en sí misma es una especie de violencia de género en contra de la mujer, así ella sea mayor de edad. De esta forma se redujo de manera considerable esta actividad.
Otro tema polémico es el del consumo de drogas, en cuya sentencia de despenalización de la "dosis personal" la Corte Constitucional consideró que, aunque el consumo consuetudinario de sustancias psicoactivas ilegales pudiera constituirse en una conducta autodestructiva, el Gobierno no podría intervenir, así toda la sociedad estuviera en camino de su autodestrucción, pues el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad primaría sobre cualquier otra consideración.
Reforma constitucional posterior estableció un concepto contrario, pero hoy el presidente Santos defiende la idea de que hay que legalizar no solo el consumo, sino la producción y el tráfico. En Holanda, país liberal por excelencia en este tema, se está buscando restringir el libre consumo de marihuana en los cafés autorizados para ello, para evitar el llamado "narcoturismo".
Estas decisiones tienen gran impacto hacia el futuro, en el que podemos tener una sociedad basada en el trabajo digno y productivo, o una en la que estén ampliamente difundidas la prostitución y las drogas.
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ROCURADURÍA PROPONE AISLAR A LOS ADICTOS A LAS DROGAS EN COLOMBIA
Polémico libro rebate los siete mitos de la legalización e insta a a prohibir el consumo por 'malo'.
"Aislar a los adictos del medio delincuencial en el que viven (...). (Que sean) internados en centros de tratamiento o llevados fuera de las ciudades en las que pueden acceder fácilmente a las drogas".
Esa es una de las polémicas propuestas contenidas en un libro que está a punto de lanzar la Procuraduría General de la Nación y que busca romper los 7 mitos de la legalización de las drogas.
En 155 páginas, editadas por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, el organismo, encabezado por Alejandro Ordóñez, defiende la tesis del aislamiento y señala que no violaría los derechos humanos ni atentaría contra la autonomía de los consumidores, "que de todas formas han perdido por su adicción".
"El aislamiento del individuo es necesario, bien sea para suministrarle un sustituto que ayude a la desintoxicación o para evitar las conductas relacionadas con el consumo que tienen alta probabilidad de causar daño a otros", añade.
En el libro, cuya portada está ilustrada con una imagen del Apocalipsis, la Procuraduría rebate los argumentos de quienes promueven la legalización y asegura que la sentencia de la Corte Constitucional que en 1994 despenalizó la dosis mínima disparó el consumo en el país. "Lejos de plantear la legalización de las drogas ilícitas, el debate en Colombia y ante la comunidad internacional debe centrarse en cuáles son las mejores y más eficaces formas de controlar la producción, tráfico y distribución de drogas", dice.
También cuestiona a las autoridades por lo que llama "permisividad en zonas tomadas por el microtráfico", en donde, dice, la venta de droga se combina con la prostitución y la pederastia. Por cuenta de esa falta de acción, señala el libro, en Colombia hay lugares "reconocidos nacional e internacionalmente como paraísos del turismo sicodélico y sexual", y menciona a Taganga (Magdalena), La Candelaria (centro de Bogotá) y Cartagena.
"Lo malo de las drogas no es su prohibición; deben seguir prohibidas porque son malas. La despenalización, lejos de neutralizar los efectos nocivos, los incrementa", señala el libro. Y agrega que "defender la dignidad del ser humano no puede llegar al extremo de garantizarle los medios para perder toda su dignidad y libertad por la adicción a las drogas".
Crítica a la política antidrogas del país
En el libro, la Procuraduría afirma que, a pesar de que la experiencia dice que hay que atacar el tráfico (en esa etapa se queda el 71 por ciento de la utilidad del negocio ilegal), en Colombia la estrategia "curiosamente se ha centrado en la etapa de producción, que es la que menos valor agregado genera". Añade que "hay que enfocar la lucha contra el narcotráfico en la interdicción". Igualmente, cuestiona el hecho de que el Estado nunca haya logrado un nivel de coordinación para que todas las entidades trabajen al tiempo contra la cadena del narcotráfico.
'La guerra no está perdida'
En este capítulo, la Procuraduría señala que aceptar que la guerra contra las drogas ha fracasado es admitir que otros delitos, como el hurto, han "derrotado los sistemas judiciales del mundo, porque, a pesar de los esfuerzos, hoy siguen existiendo ladrones". Y presenta como un avance el que hayan bajado el consumo mundial de drogas y la pureza de algunas de ellas. Agrega que los consumidores están pagando cinco veces más por la cocaína que compraban en el pasado.
'Las cárceles no están llenas de inocentes'
La legalización no ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario y, según el libro, tampoco es cierto que las cárceles se estén llenando de "inocentes consumidores". "Son miembros de estructuras criminales que asesinan, sobornan, lavan activos y especulan con el valor de la droga", dice el libro. Cifras del Inpec citadas señalan que en los penales colombianos hay muchos más detenidos por delitos contra la vida y la propiedad que por hechos vinculados al círculo de la droga.
IGLESIA ENTREGA ENÉRGICA CARTA POR POSIBLE FALLO SOBRE ADOPCIÓN GAY
Monseñor Juan Vicente Córdoba también es secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia. Claudia Rubio
Documento habla del principio de familia y rechaza que parejas del mismo sexo puedan adoptar.
El sermón en las iglesias del país hoy será incendiario. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, invitó a la ciudadanía a "abandonar el letargo" para defender la institución de la familia, a raíz de que la Corte Constitucional está a punto de fallar sobre la revisión de una tutela interpuesta por una lesbiana en Medellín que quiere adoptar a la hija biológica de su pareja.
Córdoba aseguró que, pese al respeto que le tiene, la Corte "se está extralimitando en sus funciones", pues no puede "apropiarse la competencia de modificar la Constitución con una ideología contraria al orden natural". Además, agregó, "la familia, célula esencial y columna de la sociedad colombiana, ha sido duramente afectada por las decisiones del alto tribunal, que, paulatinamente, ha querido modificar su naturaleza esencial". Se refiere a las sentencias en las cuales se ha aprobado la despenalización del aborto en tres casos y el matrimonio igualitario.
Y concluyó: "Nada tiene la Iglesia contra los homosexuales o contra el reconocimiento de sus legítimos y auténticos derechos (...) Sabemos bien que toda persona humana tiene la misma dignidad fundamental (...) Es precisamente por respeto a esta gran dignidad por lo que debemos oponernos a la despenalización progresiva del aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo o a la adopción de menores por parejas homosexuales. No podemos permanecer pasivos ante el continuo atropello de nuestros valores".
'CARRUSEL DE PENSIONES LO CREARON LOS MEDIOS': MAGISTRADO VILLARRAGA
Henry Villarraga, tal vez el magistrado más polémico entre todos los miembros de las altas cortes y protagonista del escándalo del 'carrusel' de pensiones en la Judicatura, habló con EL TIEMPO de los señalamientos en su contra. Asegura que pidió una licencia de tres meses para dar ejemplo de transparencia y que hay sectores interesados en acabar con la Judicatura.
¿Por que pidió licencia?
Lo más sano, como juez y con la institución que represento, es que dé un paso al costado y aclare mi situación. Quien está combatiendo la corrupción en la justicia no puede estar cuestionado y quedar deslegitimado ante las personas que investiga. Perdí autoridad moral para seguir investigando a los servidores judiciales después de que otra institución, sin vencerme en el proceso, me ha condenado públicamente. Soy culpable de nombrar a unas personas cuyo único pecado fue que tuvieran más de 55 años, pero que tenían una vida útil de 10 años más. No nombré a alguien a pocos meses de su edad de retiro forzoso.
Pero varios de los magistrados auxiliares que nombró terminaron pensionados a los pocos meses...
Yo no inventé los regímenes especiales. El mismo procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que en todo esto de las pensiones se ha hecho un escándalo y que no entiende los motivos, y tiene toda la razón. Las pensiones por regímenes especiales tienen soporte constitucional, legal y jurisprudencial.
¿Es válido, entonces, que una minoría que no ha hecho los aportes al sistema termine con pensiones millonarias?
Se ha querido hacer ver esto como algo delictuoso, como una falta disciplinaria y como una conducta que ha generado detrimento patrimonial al Estado. Pero se le han dicho mentiras al país. Nos han hecho ver como los corruptos más grandes de Colombia.
¿Por cuántos nombramientos es investigado?
Por tres: los de Roberto Arteaga, Álvaro Rojas y Jesús Herrera. Pero es que esto lo hacen en todas partes. ¿Cuántos jueces han nombrado secretarios a sus notificadores y después se pensionan? Pero ahora se volvió pecado. Aquí lo que se está haciendo es un mal servicio a la democracia al cuestionar a la justicia de la manera tan infame como se ha hecho.
¿Por qué nombra a personas cercanas a la pensión y no a otros abogados o jueces?
La Sala Administrativa designó a una de mis auxiliares en una comisión especial por dos meses. En su reemplazo nombré a Roberto Arteaga. Como el despacho que recibí era uno de los más congestionados, para ponerme al día exigí metas a cada uno de mis magistrados auxiliares. Si usted compara mi producción, le puedo decir que casi alcanzó lo que saca la Corte Constitucional, con nueve magistrados, en un año: 1.200 a 1.300 sentencias. Yo saqué 700 en dos meses. Nadie resiste ese ritmo. El señor Arteaga sufrió un infarto, lo sacaron de mi oficina en ambulancia a una clínica. A raíz de su enfermedad, Arteaga no vuelve a su anterior cargo de fiscal. Yo ahí no tengo culpa. Él dura más de año y medio peleando su pensión, mete tutelas hasta que el ISS la reconoce, pero en razón de un fallo judicial, no por mi nombramiento.
¿Y en los otros dos casos?
Seis meses después, otro de mis magistrados me pide una licencia no remunerada por 30 días. Nombro a Álvaro Rojas, un fiscal con 32 años en la Rama Judicial. Vencida la licencia vuelve a su cargo anterior, lo ascienden y tengo entendido que lo trasladan a Tunja y decide renunciar. También tramita su tutela y se la conceden por vía judicial. Algo parecido sucede con Jesús Herrera. Pero hay otros que he nombrado por un mes, y ahí siguen como jueces.
¿Está tranquilo frente a las investigaciones que apuntan a determinar si hubo algún tipo de pago o retribución por los nombramientos?
Yo pido que llamen a testimoniar a todos los que he nombrado y los sometan a un detector de mentiras, y si me han dado un solo peso y resulta así probado estoy dispuesto a responder. Tengo la tranquilidad de conciencia de que lo único que tuve en cuenta al nombrar a esas personas fue su capacidad, experiencia e idoneidad. No puedo responder por el comportamiento de las personas que han obtenido sus pensiones de esa manera. Jamás les pregunté si el cargo les servía para pensionarse. ¿Les puedo prohibir a esas personas que tienen unos derechos laborales adquiridos que los reclamen?
Entonces, ¿no existe el 'carrusel' de las pensiones?
Es una situación creada por los medios de comunicación y algunos voceros de las entidades que nos investigan. Lo mínimo que uno puede pedirle a quien lo investiga es mesura y prudencia, el respeto al principio constitucional del debido proceso, a la garantía del derecho a la defensa y de contradicción que le asiste a cualquier persona.
¿A qué atribuye las investigaciones?
No quisiera creer que detrás de esta situación existan tintes políticos. Aquí se están prestando ciertos funcionarios para tratar de acabar con la Judicatura en la reforma de la justicia.
EL ESPECTADOR
OBISPO INSISTE EN LLAMAR A LA "CURACIÓN" DE LOS HOMOSEXUALES
Gai, una palabra francesa, quiere decir en español alegre, festivo. Quizás proceda del latín gaudium, es decir gozo, alegría, placer. Una de las grandes encíclicas del siglo pasado se llama Gaudium et spes (Gozo y esperanza), de Pablo VI, como rúbrica regocijada del Concilio Vaticano II, en 1965. En EE.UU, donde escriben gay (con ye), la palabra se usó como sinónimo de homosexualidad por primera vez, y en sentido peyorativo, en la película La fiera de mi niña, de 1938, protagonizada por Cary Grant. Desde 1969, millones de personas la exhiben como santo y seña de lo que desde entonces se conoce como el Orgullo Gay. En 1985 se instauró el Día del Orgullo Gay, con concentraciones reivindicativas (pero sobre todo festivas) en las grandes capitales del mundo.
Pues no. Con terquedad vaticana, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, insiste en que los homosexuales son unos pobres diablos que, enfermos de muy mala manera, pasan la vida en un infierno o se arrastran por el fango del pecado, luchando algunos de ellos a brazo partido para curarse. Lo dijo en la homilía retransmitida por TVE-2. El obispo Reig calla que las teorías de que el homosexual es un enfermo que se puede curar han sido arrumbadas por la ciencia con estrépito, incluida una solemne proclamación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo hizo el 17 de mayo de 1990, cuando excluyó la homosexualidad de la llamada Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud. El Reino Unido hizo lo propio en 1994, seguido por el Ministerio de Salud ruso en 1999 y la Sociedad China de Psiquiatría en 2001. La Asociación Norteamericana de Psiquiatría había votado previamente por unanimidad retirar esa tendencia sexual de la sección Desviaciones sexuales de la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (el DSM-II). Sucedió en 1973.
Hoy, solo sostienen que los gais son enfermos movimientos o gobiernos de intolerancia extrema, o sencillamente criminales, y allí donde las religiones siguen ostentado mucho poder.
En este contexto se entiende que Reig, responsable de las políticas de familia en la Conferencia Episcopal, causase estupor. Ha habido mociones pidiendo que el prelado sea declarado persona non grata; consejeros de RTVE alzaron su voz escandalizados y piden la intervención del cardenal Antonio María Rouco y la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en busca del procesamiento del eclesiástico por predicar la violencia sobre el colectivo. La iniciativa no es una exageración porque, como dice un miembro de Crismhon (los cristianos homosexuales), "el obispo Reig predica vientos y provoca tempestades".
Todavía hay 83 países donde la homosexualidad está penada por ley. En algunos, la condena es la muerte: Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán, Yemen y Afganistán. En la mayoría de los casos, la pena no se aplica, pero numerosos homosexuales han sido ejecutados en los últimos años en Irán, Arabia Saudí y en el Afganistán de los talibanes.
Enfrente, arrecian las adhesiones a las tesis del prelado Reig. Sobresale la de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos. "No compartimos la práctica de la homosexualidad por no estar conforme con la sana antropología ni con la Santa Biblia. La homosexualidad no es pro-natura. Monseñor Reig tiene toda la razón", remacha esta federación en un comunicado.
Arropado por sus incondicionales, que han llegado a considerar a Reig un "coloso de la verdad", y hasta "un mártir por la fe", el obispo de Alcalá de Henares ha multiplicado la actividad contra los homosexuales, llamado por doquier para que repita las execraciones. "Hemos salido del infierno", se titula en la web donde el obispado recoge testimonios de ciudadanos que relatan cómo han superado la enfermedad y "los sufrimientos vividos durante el tiempo en que sintieron atracción sexual hacia personas del mismo sexo". Textual.
¿Qué dice el resto de la jerarquía católica? La doctrina Reig es la oficial, pese a que las formas de decir las cosas chirríen más en boca de unos obispos que de otros. La Conferencia Episcopal está reunida esta semana en asamblea general y Reig ha sido jaleado por muchos de sus colegas, raramente efusivos entre ellos como esta vez con el predicador del Viernes Santo.
En cambio, pensadores católicos, protestantes y musulmanes han puesto el grito en el cielo. Es el caso del sacerdote Juan Rubio, director de la revista Vida Nueva, con difusión también en Hispanoamérica. Ha escrito: "Precisamente el día en el que la Iglesia dedica su liturgia al silencio contemplativo de la Cruz, símbolo de amor y ternura, el Viernes Santo, el obispo Reig Pla rompió ese silencio mandando al infierno a mujeres que abortan, jóvenes que beben los fines de semana, homosexuales que frecuentan bares de alterne, etc. No son solo las alusiones a la homosexualidad las inoportunas. El texto entero es preocupante. La liturgia de ese día es tan rica en ideas y símbolos que hasta se recomienda que la homilía sea sencilla, sugerente, parca en palabras, para no romper el eco del silencio que ha dejado la sobria lectura de la Pasión según san Juan. No podían dar crédito muchos de los que, imposibilitados para acudir a los templos, seguían los oficios por televisión. Madres, esposas, hijas. Padres que abrían los ojos escuchando cómo mandaba al infierno a sus hijos por ir de botellón o por dudar de su identidad sexual y afrontarla con serenidad y altura de miras".
Suele decirse que Jesús, el fundador cristiano, lloró, pero jamás rió. Sus sucesores, desde que llegaron al poder romano, vestidos los jerarcas con la parafernalia de antiguos emperadores, predican que el mundo es tiniebla y un valle de lágrimas, y levantan obstáculos para la felicidad, con la intolerancia de perseguidos convertidos más tarde en perseguidores. Es la Iglesia del no, enemiga de la felicidad en la tierra, la que ve pecado e inmundicia donde el hombre cabal aprecia o busca felicidad y alegría.
Opina el teólogo católico Juan José Tamayo, director de la cátedra Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid: "Sexualidad y homosexualidad son dos asignaturas pendientes en el cristianismo, y muy especialmente en la Iglesia católica. Harían bien los confesores en leer y aprender este breve poema de Eduardo Galeano: Dice la Iglesia: el cuerpo es pecado, / Dice el mercado: el cuerpo es un negocio. / Dice el cuerpo: Yo soy una fiesta".
Añade Tamayo: "El conflicto o la incompatibilidad entre cristianismo y homosexualidad carece de base tanto en el plano de la antropología como en el de la fe cristiana. Coincido con el teólogo holandés Edward Schillebeeckx en que no existe una ética cristiana respecto a la homosexualidad. Se trata de una realidad humana que no puede desconocerse y que debe asumirse como tal sin apelar a criterios morales excluyentes. Por eso entendí la protesta de los obispos norteamericanos ante la carta intolerante e hiriente del cardenal Ratzinger, cuando era presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, contra la homosexualidad, que resultaba contraria a los avances de la ciencia en esta materia, atentaba contra la dignidad de la persona, ponía límites a la libertad individual, lesionaba el principio de igualdad y discriminaba a los homosexuales en la comunidad cristiana. La mayoría de los textos bíblicos que citaba Ratzinger estaban sacados de contexto y eran interpretados desde prejuicios homófobos".
El sexo fue un asunto desprovisto de importancia para los primeros cristianos. Fue Tertuliano (160-220), líder cristiano en Cartago, el más temprano y más ruidoso de los cazadores de brujas. A sus ojos, la Iglesia era una preciosa elite de creyentes ("superhombres porque el espíritu actúa en ellos"), y había que defenderla de la contaminación, viniera de donde viniese. Creía que el demonio recorría la tierra buscando a quien corromper, aunque no llegó al extremo del gran Orígenes, que seguramente se autocastró, obedeciendo al apóstol Mateo ("hay algunos que se han convertido en eunucos por el bien del reino de Dios").
Pronto fue imponiéndose la idea de que, si el celibato era superior y el matrimonio inferior, el sexo sería en consecuencia un acto perverso. El obispo Ambrosio de Milán, que escribió mucho sobre el asunto, asentó el camino pues era un hombre impresionante (san Agustín se confesó "impresionado" cuando lo conoció porque Ambrosio "leía sin hablar", un hábito desconocido en el mundo clásico).
Las cosas no han mejorado. Todavía en 2001 el teólogo redentorista Marciano Vidal fue investigado y castigado por la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio de la Inquisición) por considerar la sexualidad como "un lujo de la naturaleza", y por "comprender" las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad o la masturbación. La severa Notificación inquisitorial contra el gran moralista español lleva la firma del cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. El libro de Vidal, voluminoso, Moral de actitudes, es una referencia imprescindible para comprender las agitadas relaciones del cristianismo con el sexo. Es Marciano Vidal quien recuerda en el tomo titulado Moral del amor y de la sexualidad, que "castidad" procede de "castigo".
No es solo la jerarquía de la Iglesia romana la que aborrece y execra a los homosexuales, tachándolos de enfermos y gente desordenada. Sucede también entre las iglesias protestantes. Esto opina el teólogo protestante Máximo García Ruiz, profesor de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de Alcobendas. "Si hiciéramos una encuesta entre los diversos sectores del protestantismo español, comprobaríamos que existe un considerable, seguramente mayoritario, número de fieles, especialmente pastores y líderes, que suscribirían de forma contundente las palabras del obispo de Alcalá de Henares. No todos, por supuesto, pero es un hecho que la ideología protestante española en temas de moralidad se mueve, por lo general, en ámbitos muy conservadores. Sin embargo, es prioritario anteponer ciertos valores evangélicos, como es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, a cualquier otro tipo de juicio valorativo y condenatorio y dejar que la naturaleza siga su curso y permita que cada cual manifieste su sexualidad como crea oportuno, siempre y cuando respete la libertad y la dignidad del otro, especialmente cuando tiene incidencia, como por desgracia está ocurriendo en sectores eclesiásticos muy extendidos, en desviaciones de pederastia, violaciones o atentados hacia los semejantes en general y hacia los niños en particular".
¿Y los musulmanes? La homofobia es una constante en gran parte de las religiones, pero hoy carga las tintas entre los musulmanes. En la Europa del siglo XXI se habla de la persecución de los homosexuales en el mundo islámico para mostrar al islam como una religión salvaje y puritana. En cambio, el escritor Abdennur Prado, fundador y primer presidente de la Junta Islámica Catalana, sostiene que "no hay fundamento alguno ni en el Corán ni en el ejemplo del profeta Muhammad para una condena de la homosexualidad".
Añade Abdennur Prado: "La persecución de los homosexuales en el mundo islámico es muy reciente, y tiene que ver con la colonización y la influencia de Occidente. En las primeras décadas del siglo XX, el Magreb fue un paraíso para los homosexuales, que huían de la puritana Europa en busca de la libertad sexual que se vivía en tierras del islam. En Marruecos, la homosexualidad es considerada un delito tan solo desde 1972. En Indonesia (el país con más musulmanes) jamás ha estado prohibida. En la Córdoba califal, los homosexuales habitaban todo un barrio, conocido como derb Ibn Zaydun. El caso de al-Andalus no es aislado. Esta actitud abierta llega hasta los inicios de la colonización. Viajeros, científicos y colonizadores europeos describen, entre la fascinación y la sorpresa, el grado de aceptación de la homosexualidad entre los musulmanes, pero la sociedad victoriana utilizó esos escritos para tachar al islam de religión lasciva e inmoral".
DE TESTIGOS Y COMPLICIDADES
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Desde hace meses la jauría del fascismo criollo, liderada por el procurador Alejandro Ordóñez y el Héroe de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos, han venido alentando una rabiosa campaña judicial y mediática para promover la absolución del coronel Plazas Vega, quien, como se sabe, fue condenado penalmente por haber torturado y desaparecido a varias de las personas que en noviembre de 1985 se encontraban en el Palacio de Justicia.
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El episodio acaecido con el testigo Édgar Villamizar es un escándalo. En efecto, la Fiscalía interrogó hace unos años a este declarante, quien entonces hizo graves revelaciones que dejaron al descubierto los crímenes que se cometieron so pretexto de liberar el Palacio de Justicia de los terroristas del M 19. Después de esa declaración recibida en una guarnición militar, este personaje se esfumó, al extremo de que los amigos de Plazas Vega propalaron el infundio de que era un impostor y que todo era un invento de la valerosa fiscal Ángela Buitrago, a quien por todos los medios han pretendido aniquilar, contando con el auxilio del procurador.
De pronto, un buen día, estando ad portas de que el Tribunal de Bogotá decidiera si ratificaba la condena que en primera instancia le había sido impuesta a Plazas Vega, el testigo reapareció misteriosamente en el despacho del procurador Ordóñez, y declaró que nunca antes había rendido testimonio en la Fiscalía. ¡Quién dijo miedo! Ese mismo día Ordóñez expidió un enérgico comunicado, dando por cierto que el testigo había sido suplantado y, lo que es peor, en forma extemporánea pretendió que en segunda instancia se le diera valor a la declaración de Villamizar rendida en su despacho y que se absolviera a Plazas Vega. A la impostura de Ordóñez obviamente le hicieron oportuno eco Londoño Hoyos y otras yerbas del pantano, a pesar de que la condena impuesta se sustentaba en múltiples medios de prueba. El Tribunal no se tragó el tramposo anzuelo y confirmó la condena.
Pero como primero cae un mentiroso que un cojo, un dictamen pericial rendido por un grafólogo acaba de conceptuar que la firma que Villamizar estampó en el acta de la diligencia donde rindió la versión contra Plazas Vega no es falsa, y que, en consecuencia, jamás fue suplantado. El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, ordenó que el CTI de la Fiscalía practicara la experticia, a lo cual se opuso sin éxito la defensa de Plazas Vega, con el argumento peregrino de que el ente acusador estaba impedido para actuar en ese asunto dizque por haber participado de la supuesta suplantación.
Lo que resultó insólito fue que el procurador que primero acogió en su despacho al supuesto falso testigo y enseguida pregonó en todos los medios que había sido suplantado, guardó elocuente silencio cuando se conoció la noticia pericial de que no había ocurrido la tal suplantación. En esta ocasión no hubo comunicado de prensa. La razón es clara, se les vino abajo la mentira que ayudaron a construir y les fracasó la sórdida maniobra de atentar contra la justicia. Ordóñez sólo comunica cuando quiere y puede distorsionar.
El abogado de Plazas Vega que primero se opuso a que se practicara el dictamen, luego lo impugnó con el argumento inexacto de que la firma de Villamizar se había cotejado con copias y no con originales, cuando la verdad es que se confrontó con otras 35 firmas del testigo, impresas en otros documentos auténticos e indubitables. Y ante semejante evidencia Ordóñez guarda silencio. El actual procurador no es vocero de la sociedad que supuestamente debía representar; es solamente agente del mal. Que abran bien los ojos quienes todavía creen que este siniestro funcionario merece ser reelegido por otros cuatro años.
Adenda. Qué circo de país. Sin pena ni gloria pasamos de la ley de tierras a la vivienda gratis, todo por cuenta del mal suceso en las encuestas presidenciales.
EL NUEVO SIGLO
PAPA CALIENTE PENSIONAL
Una vez más se está analizando la posibilidad de presentar una reforma al sistema pensional. Aunque el Gobierno había anunciado que la presentaría en el segundo semestre, es posible que decida aplazarla para el próximo año, toda vez que la agenda legislativa económica estará muy movida en la legislatura que arranca el 20 de julio. Los proyectos de reforma tributaria, ley de Desarrollo Rural, Código Minero así como la iniciativa para aplicar el nuevo plan de vivienda gratis para los más pobres, sumadas a las iniciativas que ya están en trámite (como la relacionada con las acciones de Ecopetrol), centrarán la atención de las comisiones especializadas y las respectivas plenarias.
Es claro que una modificación al régimen de jubilación de los colombianos que los cubra durante su vejez o en caso de invalidez o muerte, requiere de sesudos y detallados debates, no sólo por las profundas implicaciones e impacto público de un ajuste en este campo, sino porque son muchos los sectores que querrán participar y exponer sus puntos de vista ante el Parlamento. Además, siempre está de por medio la presión sindical y la alta posibilidad de paros y movilizaciones de trabajadores en todo el país.
El Ejecutivo ha dicho que la reforma pensional es necesaria en la medida en que hay cerca de dos millones y medio de personas en edad de jubilarse pero no están incluidas en el sistema, ni en el de prima media como tampoco en el de ahorro individual.
Ampliar la cobertura y el nivel de inclusión del sistema no es nada fácil. Son múltiples los diagnósticos realizados en torno de las debilidades del actual esquema y la urgencia de reformar a fondo la llamada “Ley 100”, que tras 18 años de vigencia y algunos cambios parciales, terminó convertida en una especie de colcha de retazos. Las deficiencias son más que evidentes, según las cifras que maneja el Gobierno: cerca de 14 millones de colombianos ocupados no ahorran para su vejez; de los 4 millones 700 mil colombianos mayores de 65 años sólo el 27 por ciento se encuentra pensionado; la Nación sufraga anualmente alrededor de 28 billones de pesos para cubrir el faltante en materia de pensiones, “dirigido a tan sólo 1,4 millones de colombianos que hacen parte de la población con mayores ingresos del país”...
Es claro, entonces, que se requiere un ajuste. Sin embargo, la discusión radica en la profundidad del mismo. Para el Gobierno, según lo expuesto por el Presidente de la República ante la Asociación de Fondos de Pensiones, la clave está en generar cambios para que el sistema no tenga un carácter regresivo, es decir, que no “siga siendo un mecanismo de redistribución de la riqueza de los más pobres hacia los más ricos”. Aquí, claramente, el debate se centra en la forma en que las mesadas no guardan relación con los aportes realizados por el jubilado durante su vida laboral efectiva. Y allí es obvio que el horizonte es desmontar los regímenes especiales y excepcionales de jubilación, lo que no sólo implica la dificultad de enfrentarse a derechos adquiridos sino la oposición de quienes son beneficiados con esas gabelas.
El otro gran debate se da respecto de la sostenibilidad del sistema y su financiamiento a largo plazo. En esta dirección la última movida gubernamental fue la creación de Colpensiones, que tiene por objeto garantizar el funcionamiento del régimen de prima media. Igualmente se activó el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que les permitirá a quienes devengan menos de un salario mínimo mensual proyectar un ahorro que les permita jubilarse.
Pero todavía falta mucho. El problema es estructural y, por lo tanto, requiere una reforma en los mismos términos. La universalidad, equidad y sostenibilidad financiera del sistema, así como la transparencia y el complicado debate sobre si es necesario aumentar las edades de jubilación, dado el incremento de la expectativa de vida de los colombianos, son toda una papa caliente que más temprano que tarde debe ser enfrentada.
EL RETO DE LA REFORMA PENSIONAL ES QUEDAR A LA MEDIDA DE TODOS
Aunque gremios, empresarios y en menor grado los trabajadores coinciden en la necesidad de una reforma pensional, el primer escollo para la administración Santos, antes de llevar este proyecto al Congreso, es lograr concertar las diferentes aspiraciones de estos actores junto con las suyas.
Desde noviembre de 2011, el presidente Santos anunció el propósito de su gobierno de promover una reforma pensional en 2012, aunque en este momento el Gobierno aún estudia la conveniencia de radicarla en el segundo semestre.
Son dos los propósitos fundamentales que tiene el Ejecutivo con esta reforma, según las puntadas que hasta ahora ha dado: incrementar de forma significativa la cobertura y asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.
En el primer caso, de una población económicamente activa de 22 millones, solo están afiliados 12 millones y apenas 8 de ellos cotizan a pensión; mientras que solo 1.500.000 colombianos reciben pensión.
En tanto que sobre el segundo aspecto el Gobierno advierte del crecimiento de la llamada bomba pensional porque cada vez son más los recursos que debe destinar el Estado para pagar a los pensionados del sistema público, es decir el régimen de prima media, hoy afectado por la reducción de cotizantes a causa del desempleo y la desregulación del trabajo.
Al final de año pasado el presidente Santos dijo que el pasivo pensional de la Nación es cercano al 160 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que anualmente se desembolsan cerca de 25 billones de pesos para pagar las mesadas a 1,1 millón de jubilados.
En cuanto a la edad de jubilación el Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de que en la reforma pensional también se incluya elevarla, la cual a partir de 2014 será de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres de acuerdo a la reforma pensional que adelantó en el año 2005 la administración del Álvaro Uribe.
En marzo pasado el ministro de Trabajo Rafael Pardo dijo que el aumento de la edad para pensionarse “es uno de los parámetros de la reforma”, aunque aclaró que eso no implica que sea lo principal del proyecto.
Gremios
La mayoría de los gremios del país coinciden en la necesidad de incrementar la edad para jubilarse, como la principal fórmula para disminuir el costo fiscal que le significa a la Nación financiar el sistema público de pensiones.
En ese sentido el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) Luis Carlos Villegas no ha dudado en calificar como una bomba de tiempo la financiación del sistema pensional público. “Por doloroso que sea, es indispensable una revisión de las edades de jubilación. Hoy son 55 y 60 años, mientras las esperanzas de vida están entre 78 y 79 años. La vida laboral de un colombiano es más larga. Pensionar a gente relativamente joven es insostenible. Eso no se puede financiar”, afirmó el dirigente.
Además, dijo Villegas, la reforma pensional debe procurar que más colombianos coticen para pensión, sin dejar de lado a los cerca de 10 millones de personas que están en la informalidad laboral.
Por su parte, para los fondos privados de pensiones, que administran el sistema de ahorro individual, el aumento de edad de jubilación por ahora no es su principal preocupación.
Durante el V Congreso Internacional FIAP Asofondos que se realizó en Cartagena, el presidente de Asofondos Santiago Montenegro enunció cuatro aspectos que considera clave en la pretendida reforma pensional, aunque advirtió que el gremio aún no tiene una propuesta lista: el primero de ellos es incrementar la cobertura del sistema; otro es la inequidad del sistema porque los subsidios estatales favorecen a un bajo número de pensionados, si se tiene en cuenta que es mayor el número de personas que carecen de este beneficio. Finalmente, Montenegro considera que también la reforma debe asegurar en el tiempo la sostenibilidad del sistema y que el mismo sea más transparente.
Mientras que para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el incremento de la edad de jubilación es el aspecto fundamental que debería lograr la reforma pensional, para lo cual ha propuesto 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Justifica este aumento porque ante el incremento en la expectativa de vida de los colombianos se habría ampliado el desequilibrio entre el tiempo de cotización (20-25 años) y el tiempo que la persona disfruta de la pensión, que consideró que en poco tiempo estará en 30 años.
En este escenario, anota Sergio Clavijo, presidente de este gremio, el sistema se hace insostenible.
Igualmente ANIF dice que es necesario marchitar el régimen de prima media, hoy a cargo de Colpensiones (reemplazó al Seguro Social), y considera como un problema el manejo de regímenes especiales de pensiones.
Trabajadores
Las reformas pensionales casi siempre han sido vistas con recelo por los sindicatos por el temor de que terminen perjudicando a los trabajadores. Sin embargo en esta oportunidad ante el anuncio del Gobierno han hecho una propuesta alternativa para mejorar las falencias que consideran tiene el actual sistema, aunque rechazan de plano subir la edad de jubilación.
En este sentido la Confederación General del Trabajo (CGT) propone la unificación de tiempos de la pareja conyugal para que puedan acceder a una pensión de jubilación; que por medio del Fondo de Solidaridad Pensional se completen los aportes de las personas que no tienen el número de semanas exigido, y que luego a través de la mesada se hagan los descuentos hasta completar el tiempo requerido.
Igualmente, señaló el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez hay que adelantar políticas para incrementar la formalización laboral.
Mientras que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Tarsicio Mora dijo que la jubilación es un derecho de todo el mundo que garantiza una vida digna para las personas en su vejez, por lo cual sólo debería exigirse las semanas de cotización.
El Congreso
EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios de las comisiones primeras de Senado y Cámara, en donde se debatirá esta reforma, sobre las expectativas que tienen frente a este tema. Para el presidente de la Comisión Primera del Senado Luis Fernando Velasco el tema no puede ser solo de los que están pensionados y los que tiene posibilidad real hoy, sino qué se va a hacer con los colombianos que están llegando a la tercera edad y no tienen ninguna cobertura.
El legislador señaló también que no se compadece que existan pensiones de lujo frente a otros “que ni siquiera tienen el salario mínimo”; al tiempo que rechazó subir la edad de jubilación.
Por su parte, Germán Varón, vicepresidente de la Comisión Primera de Cámara, consideró que la reforma debe establecer unas reglas de equidad para todos los trabajadores en la forma de acceder al beneficio, y “que elimine inequidades como la que se presenta en los casos en que con corto tiempo se puede obtener una pensión por encima de lo que se ha venido cotizando”.
Varón también se mostró contrario a elevar la edad de jubilación.
REVISTA SEMANA
“LA ADOPCIÓN ES UN ACTO DE AMOR”
Bárbara Escobar, directora de la Fundación Casa de la Madre y el Niño, la más antigua del país, salió en defensa de la adopción y a aclarar las dudas que se han creado en torno a esta importante opción de vida.
SEMANA: ¿Qué consecuencias han tenido las dudas que se han generalizado sobre la adopción?
BÁRBARA ESCOBAR: Por unos casos amarillistas se quiere acabar con la reputación y seriedad de un programa o de una entidad que, como la nuestra, tiene 70 años. Lo que la gente no ha notado es el mal que el programa Séptimo Día y algunos críticos les han hecho a los miles de niños que han sido adoptados en Colombia y en el exterior, pues ahora están pensando si fueron arrebatados a sus padres biológicos. Que quede claro que eso, en Colombia, es imposible: por las exigencias legales y los estrictos trámites y procesos que se deben realizar antes de que un niño sea dado en adopción.
SEMANA: ¿Pero los casos del programa 'Séptimo Día' ponen en duda la seriedad con la que el Estado maneja las adopciones en Colombia?
B.E.: Lamento mucho que el periodista no haya venido antes de hacer sus programas a la Casa de la Madre y el Niño o haya visitado otras hogares para que se hubiera documentado bien sobre lo que hacemos, las leyes colombianas, los procesos y la transparencia con la que se maneja una adopción. Incluso, en estos y otros casos de abandono, abuso o maltrato infantil, se busca que la familia extensa se haga cargo del menor antes de darlo en adopción. Nosotros hemos entregado casi 6.800 niños y con estos programas no se está respetando el dolor humano ni la vida de los menores.
SEMANA ¿Cuánto tiempo tiene una madre para reclamar a su hijo?
B.E.: Tiene 30 días hábiles después de una entrega hecha por consentimiento, son los casos de esas mamás que por voluntad propia entregan sus hijos al Estado. Otro caso es el de los niños que han sido abandonados y sus madres tienen cuatro meses para reclamarlos. Hay casos excepcionales donde el defensor de menores le pide dos meses adicionales al director regional, con lo cual estamos hablando de un plazo hasta de seis meses para recuperar ese menor.
SEMANA: ¿Una madre se puede oponer a una adopción?
B.E.: Claro. Incluso, con la nueva Ley de Infancia, si unos padres no pueden tener a un hijo, los defensores de familia buscan a los abuelos, tíos, padrinos para que asuman su protección. Ese reintegro es supervisado, para evitar que los derechos del niño sean vulnerados de nuevo. La adopción es la etapa final de un largo proceso. Lo que no se dice muy claro en esos programas es que los padres no pueden dejar a un hijo en un hogar del ICBF, no llamar o aparecer en seis meses o un año porque no pudieron, estaban en la cárcel, saliendo de las drogas, trabajando o formando un nuevo hogar y, después, regresar y decir que se los arrebataron o no les preguntaron si lo querían dar en adopción. Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y esa es la obligación del Estado.
SEMANA: ¿Le preocupa que quede en el ambiente la idea de que en Colombia casi que los niños son arrebatados de sus padres para darlos en adopción?
B.E.: Antes de que un niño se entregue en adopción, debe ser declarado en abandono por un defensor de menores. Por encima de todo, me preocupa el dolor que se les puede estar causando a los niños adoptados, sus padres receptores, las madres biológicas que hace 30, 25 o 15 años tuvieron que tomar una difícil decisión… Es un tema en el que hay vidas en juego.
SEMANA: ¿Está bien, y es legal, que los niños dados en adopción tengan contacto con sus padres biológicos?
B.E.: Según la ley colombiana, cuando cumplen la mayoría de edad y tras una preparación psicológica, pueden buscar a sus padres biológicos. Pero un niño de 7 u 11 años no puede estar buscando a sus padres, no es legal. Además, ¿qué criterio, formación y madurez tiene para entender que tiene su hogar en Holanda, pero otros padres en Skype al otro lado del mundo?
SEMANA: ¿Qué opina de la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten menores de edad?
B.E.: No estoy de acuerdo.
SEMANA: ¿Por qué?
B.E.: Lo que se busca es que un niño llegue a un hogar estable. En caso de llegar a un hogar de parejas del mismo sexo, no solo será señalado de ser adoptado sino que tendrá que dar explicaciones por vivir en un hogar con padres del mismo sexo.
SEMANA: ¿Qué opina de las investigaciones que adelanta la Procuraduría a cinco casas de adopción y al programa en general?
B.E.: Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Uno cree que hace las cosas bien, pero es bueno que la Procuraduría nos diga cómo lo estamos haciendo. Esperemos que nos dé apoyo permanente sobre casos de niños abusados, abandonados o maltratados. Eso sería de gran ayuda.
SEMANA: ¿Se han reducido las solicitudes de adopción por parte de parejas extranjeras?
B.E.: En esta casa, no. Nosotros tenemos una tradición familiar de 70 años y una vocación de entrega y amor a estos niños. No es que de un día a otro hayamos decidido dejar de jugar cartas por venir a jugar con niños abandonados o maltratados. Y en general, puedo decir que hay un malestar muy grande, no solo por el ambiente confuso que se ha creado en torno a la adopción, sino porque otros gobiernos, como el de Holanda, vienen a opinar sobre si nuestras leyes son correctas o no. ¿Qué pasaría si fuera al contrario?
SEMANA: ¿Ustedes cobran por dar un niño en adopción?
B.E.: No, en absoluto. Nuestros gastos están publicados en la página del Bienestar Familiar. Nosotros tenemos 75 niños y diez madres solteras. Por cada niño el ICBF nos da el 60 por ciento del costo de manutención y nosotros nos conseguimos el faltante. Tenemos auxiliares de enfermería, psicólogas, trabajadoras sociales; mandamos a los niños al colegio, los llevamos a clases de natación y tenemos pedagogas que les ayudan. Los costos de la casa y el niño son inmensos, y la verdad es que nos vemos a gatas para sobrevivir.
SEMANA: El director del ICBF ha dicho que, frente a las donaciones, lo ideal es que todas vayan a un solo fondo y de ahí se financie a las casas privadas. ¿Qué opina de esa idea?
B.E.: La decisión que tome el ICBF será bienvenida, siempre y cuando nos sostengan las condiciones en las que están los niños y las madres.
SEMANA: ¿Por qué a los colombianos no les gusta adoptar niños mayores o con problemas?
B.E.: Nos gusta que todo sea perfecto. Salvo algunas excepciones, a los extranjeros no les importa recibir y darles todo el amor a niños especiales o mayores. Y para un niño de 12 o 14 años, es más fácil adaptarse a otra cultura que, después de pasar varios años en hogares, sea el hazmerreír del colegio o que pueda encontrarse con la familia. En su mayoría son niños que fueron abusados, quemados, golpeados, con traumas, que no tuvieron los mejores padres y quedan expuestos a encontrarse con ellos.
SEMANA: ¿Por qué la adopción es buena?
B.E.: Si no existiera, ¿qué sería de la vida de miles y miles de niños abandonados, abusados y maltratados? Tendrían que quedarse años y años en hogares públicos sin la posibilidad de encontrar unos nuevos padres y un hogar. ¿Hay algo que pueda reemplazar a unos padres o un hogar? Un niño adoptado es un hijo deseado y amado, porque los padres que adoptan un hijo deben pasar por un largo proceso psicológico, psiquiátrico, médico; cursos, visitas, entrevistas… La adopción es un acto de amor. Y un tema tan importante y sensible no se puede estigmatizar como está sucediendo.